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Ha causado asombro y también rechazo el aumento de las dietas de los legisladores en más de un cien por ciento, en momentos en que el gobierno pretende que los incrementos salariales no excedan del 20%. Se ha incurrido en una desmesura y ello ha repercutido desfavorablemente en la opinión pública que ya de por sì posee una imagen muy negativa de los políticos y de sus representantes. En un crítico editorial de un matutino porteño se analizan los alcances de esta medida de los legisladores que han elevado sus ingresos a una suma que varía entre 30.000 y 35.000 pesos, a los que hay que sumar los pasajes –que pueden canjear por dinero en el Congreso mismo- y lo que cobran por desa-rraigo quienes provienen del interior.
No hay duda de que las dietas que perciben los legisladores han de estar acorde con su importante labor (siempre claro está de que esa labor se cumpla). Pero ha sido la magnitud del incremento lo que ha  producido indignación, puesto que el Gobierno y el sector empresarial prevén como parámetro general subas salariales de entre el 28 y el 25% en el resto de las actividades. He aquí –aborda el comentario- quizás, el factor más irritante, en momentos en que comienzan a sentirse los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y en que miles de argentinos hacen largas colas  -con temperaturas de 40º- para obtener la tarjeta SUBE bajo la amenaza de perder los subsidios.
 
Tampoco puede perderse de vista que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y de que han logrado el consenso de la oposición –tratándose de intereses concretos es fácil ponerse todos de acuerdo- y sin duda la aprobación de la Presidenta de la Nación, que por otra parte ha pedido moderación en las negociaciones salariales. No se trata solamente de los montos de los aumentos en las dietas, sino también de una cuestión ética frente a las limitaciones que sufren amplios sectores de la administración pública y privada y del dilatado espectro del trabajo manual e intelectual.  
 

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